“Los BPR, son aquellos bienes compartidos que son construidos bajo el consenso de todos los Estados parte del SICA y que tiene como finalidad otorgar un beneficio directo o difuso a los ciudadanos, y promover el sentido de apropiación e identidad de nuestra región” (Vargas, 2022).
INCENTIVA Groupware es un Bien Público Regional (BPR), al ser un servicio tecnológico producido bajo un esfuerzo regional colaborativo entre los órganos rectores de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) de los países de la región, coordinado por el ICAP y la GIZ a través de la Iniciativa Global de Gestión del Riesgo de Desastres (IGGRD), el cual:
- Fortalecerá la formulación, evaluación y priorización de Proyectos de Inversión en los gobiernos nacionales y subnacionales de los países de la región
- Agregará valor público al diseño de propuestas de proyectos en fase de prefactibilidad y factibilidad, a través de un ambiente de formulación colaborativo fundamentado en las guías metodológicas nacionales.
- Permitirá que, una vez formulado el proyecto de inversión, la propuesta de proyecto será presentada a las direcciones de inversión pública de cada país para ser evaluado conforme a la rigurosidad metodológica y especificidad técnica.
- Los beneficiarios directos de este sistema de información, formuladores de proyectos, podrán realizar seguimiento a sus propuestas de proyectos a través de mapas y dahboard interactivos, estableciendo con el tiempo un propio banco de proyectos formulados.
INCENTIVA Groupware permitirá que sus usuarios puedan acceder de forma libre y gratuita previa inscripción para el otorgamiento de permisos y accesos.
Breviario sobre Bienes Públicos Regionales en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
“La integración regional se construye reconociendo la identidad centroamericana como manifestación activa de los intereses comunes y regionales. De esta cuenta, el Protocolo de Tegucigalpa confía a la Reunión de Presidentes el fortalecimiento de esa identidad como elemento en la consolidación de la unidad centroamericana.
Un factor para la creación de esa unidad son los bienes públicos regionales, es decir, aquellos bienes compartidos que son construidos bajo el consenso de todos los Estados parte del SICA y que tiene como finalidad otorgar un beneficio directo o difuso a los ciudadanos, y promover el sentido de apropiación e identidad de nuestra región.
La aproximación jurídica realizada por el Consejo de Ministros Competentes de las Actividades de lo Pesca y la Acuicultura del Sistema de la Integración Centroamericana, expresada en resolución OSP No. 29 -2018 del 06 de diciembre del 2018, entiende como Bien Público Regional “…los bienes, servicios o recursos producidos bajo un esfuerzo regional, que poseen un valor positivo, cuantificable y concreto; accesible y disponible para uso y beneficio común de todos los habitantes de una zona geográfica o población determinada;”
Lo anterior, procura dar algunas ideas para retomar un debate sobre los referidos bienes públicos regionales en el SICA, orientadas a busca identificar los resultados del proceso de integración que son recibidos por el pueblo centroamericano y que en muchos casos no son percibidos como un resultado de esta.
La definición expresada por un ramo del Consejo de Ministros nos permite contar con punto de partida en el análisis sobre estos bienes públicos, mismos que pueden ser de carácter difuso o concentrado. En otras palabras, lo anterior significa que los mismos no están reducidos a un bien tangible como tal, remitiéndonos de manera amplia a un legado extenso que se construye día con día y pueden encontrarse expresados en diversos sectores de la integración regional, de diferentes formas; pudiendo ir desde las resoluciones más favorables a nuestros intereses (bienes públicos regionales difusos), hasta un bien inmueble apreciable directamente a nuestra vista (bienes públicos regionales concentrados).
La diversidad de aristas provocará que en algunas ocasiones identifiquemos con mayor tardanza los bienes públicos regionales, especialmente los que gozan de carácter difuso.
De esa compleja clasificación, podemos citar entre otros el Sistema de Interconexión Eléctrica de Centroamérica y Panamá (SIEPAC); la Negociación Conjunta de Precios y Compra de Medicamentos para Centroamérica y República Dominicana y la Plataforma Digital Clima Pesca; ambos productos del consenso regional requerido por nuestra norma fundamental.
Así, los cuerpos normativos, desde los instrumentos jurídicos fundamentales, pasando por normas complementarias y derivadas, podrían ser identificadas, -en un todo-, como bienes públicos regionales que, por su naturaleza no son cuantificables.
Misma suerte corren las políticas o estrategias regionales; marcos referenciales que orientan el actuar de los Estados y los órganos, organismos o instituciones de la integración regional y que permiten de manera difusa obtener beneficios para la población.
La Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA, es un referente para la actuación de los sujetos de la integración regional, entendidos estos como los Estados, la institucionalidad regional y los particulares; permite orientar el accionar de estos conforme a los propósitos y principios de la integración regional, los compromisos internacionales adoptados por los Estados en materia de derechos de la mujer, equidad e igualdad de género y los ejes que constituyen la referida política.
Sin duda su vigencia e implementación conlleva beneficios para la población centroamericana y en especial para la mujer, pero no es claramente cuantificable. Verbigracia, la implementación del eje de Participación Política y en la toma de decisiones, ha colaborado en la adopción de legislaciones nacionales que permitan la paridad electoral entre el hombre y la mujer, accediendo estas últimas a cargos de elección popular, espacios que anteriormente estaban cerrados.
Cada uno de estos, en sus diferentes sectores, aporta al fortalecimiento y desarrollo de áreas específicas de la integración regional y brinda beneficios cuantificables para los habitantes de la región.
¿Cómo podríamos medir el beneficio de contar con más mujeres en los cargos de elección popular? Las respuestas serán diversas y por el carácter difuso de los beneficios, muchos de ellos pueden no ser debidamente apreciados, sin embargo, esto no impide reconocer la importancia de contar con este tipo de legislaciones.
Otro ejemplo es la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, instrumento referencial adoptado por el consenso regional, derivado del Tratado Marco de Seguridad Democrática y que permite ser una plataforma de colaboración entre los Estados parte del Sistema de la Integración Centroamericana en la lucha contra el crimen organizado internacional y nacional. Los operativos regionales contra la trata de personas permiten desde coordinaciones regionales, impactar en la desarticulación de las estructuras criminales, pero sobre todo rescatar a víctimas de este delito, beneficio altamente relevante pero imposible de cuantificar.
El debate sobre los bienes públicos regionales sigue abierto y llama a continuar brindando aportes que permitan acercarnos a una definición más clara, sin embargo, podemos reconocer que estos, sean o no medibles, surgen de un esfuerzo comunitario, dando un valor positivo a la integración por medio de beneficios directos o difusos para la población, generando en todos los casos un sentido de identidad que permite fortalecer la unión de la comunidad centroamericana”.